COMUNICADO DE PRENSA LIBRE
Durante las últimas semanas, el Ejecutivo Nacional ha puesto una vez
más sobre el tapete el debate el desempeño de los medios privados y sus
periodistas. Si bien este es un tema siempre susceptible de análisis y discusión
en una sociedad democrática, esta vez como en otras oportunidades no se ha
propiciado un diálogo amplio, objetivo y sosegado con la participación de los
diversos actores de la vida nacional, especialmente a los que tienen que ver con
el hecho comunicacional, sino mediante el cuestionamiento, la retaliación o, en
el mejor de los casos, con el llamado de los propietarios de medios por parte de
la presidencia de la República o el ministro de comunicación para exigir o
“sugerir” pautas de conducta.
Propietarios de medios han sido invitados al palacio
de gobierno para exigirles trabajar “para la construcción de la paz”, mientras a
periodistas de medios impresos se le ha descalificado e impedido expresamente el
acceso a las fuentes de información, como en los casos de los colegas Maru
Morales, del diario El Nacional, a quien se le impide el acceso a la Asamblea
Nacional, y Eugenio Martínez, de El Universal, a quien la presidenta del CNE
calificó de “opinador de oficio” y se negó a escucharle la pregunta que le iba a
formular en una rueda de prensa. Son dos de los muchos ejemplos que se pueden
citar de los conocidos en tiempos recientes.
El gobierno nacional ejerce toda la discrecionalidad
sobre los campos público y privado del espectro comunicacional del país, pero
mientras exige, impone, cuestiona, multa y restringe y cierra canales de
televisión y emisoras radiales, no admite discusión sobre el uso partidario,
excluyente, sectario y propagandista que hace del llamado Sistema Boliviariano
de Comunicación e Información (SIBCI), en el que por norma general no tienen
cabida las visiones y opiniones de los sectores que disienten de cualquier
política del gobierno y que son cotidianamente invisibilizados, a menos que se
les mencione para ser atacados.
Mención especialísima requiere el canal de la
Asamblea Nacional, ANTV, el cual debe dar cobertura a las actividades que
desarrollan las representaciones parlamentarias. Desde hace años ANTV se
comporta como si se tratara de una televisora de propiedad privada de la
fracción parlamentaria oficialista. Uno de las desviaciones más graves que allí
se practica es la censura en la cobertura televisiva de las sesiones, lo cual
fue muy evidente en el episodio donde varios parlamentarios de oposición fueron
agredidos salvajemente por sus propios colegas.
Estando el Poder Legislativo integrado por
representantes elegidos de manera universal, directa y secreta por la voluntad
soberana del pueblo venezolano es inconcebible que la representación opositora
no disfrute de iguales derechos en ese medio comunicacional que es propiedad de
todos los venezolanos. En este sentido respaldamos todos los esfuerzos que
realicen las fuerzas democráticas del país, los gremios y la sociedad civil para
la democratización de ANTV.
Asimismo respaldamos las iniciativas desarrolladas por la Junta
Directiva Nacional del Colegio Nacional de Periodistas (CNP), así como la de la
Seccional del Distrito Capital para defender los derechos de los reporteros que
cubren la fuente parlamentaria a los que se les mantiene vedado el ingreso a la
cámara.
Compra de medios
Expresión Libre acompaña la expectativa de la opinión pública en
cuanto que el canal de noticias Globovisión, que ha sido la más importante y
plural de las voces críticas en el país, mantenga esa línea informativa, al
tiempo que deploramos la salida de su programación de espacios periodísticos de
gran relieve y aceptación y nacional.
De la
misma forma, consideramos que el cierre del programa La Hojilla, que se
transmitía por VTV, era una buena oportunidad para abandonar una práctica reñida
con las elementales normas de la ética y la decencia, pero observamos con
preocupación como dicho espacio ha sido sustituido por otro de similares
características.
Se
informa, además, de la compra de los medios de la Cadena Capriles por un grupo
de inversionistas que han sido vinculados a esferas del Gobierno, así como de
ofertas a Televen y al diario El Universal. Ojalá nos estemos frente a una
operación orquestada y facilitada financieramente desde el oficialismo para
aumentar el cerco contra las voces críticas, la denuncia y el reclamo a los que
el pueblo venezolano tiene derecho.
Finalmente, exigimos del gobierno nacional inicie la
democratización de los medios públicos y pasen a actuar en función del interés
de todos los venezolanos y no al servicio de una sola parcela
política.
Caracas, 03 de junio de 2013
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